Ortocen Clínica del Pie

Inocencia

Por: Juan Fernández

La Justicia parece haber tenido clemencia de Inocencia Zofío. A sus 104 años, un juez había dictaminado que debía abandonar la casa donde vive de alquiler desde 1939. El Ministerio de Hacienda, propietario de la vivienda desde que la antigua dueña del edificio falleciera sin nombrar herederos, había reclamado el desahucio para llevar a cabo obras de mantenimiento en la finca, pero la centenaria inquilina temía que la operación la llevaría a perder su casa para siempre.

Ahora, una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, hecha pública este miércoles, ordena que Inocencia solo permanezca fuera de su piso durante los seis meses que se prevé que dure la obra, para volver a ella tras la rehabilitación.

Se cumple así el deseo de la anciana de pasar el resto de sus días en el que ha sido su hogar durante los últimos 75 años, que hoy habita junto a su hija Beatriz, de 70 años, en régimen de alquiler de renta antigua. Y queda cerrada, al menos de momento, la dura batalla que madre e hija llevan librando con el Ministerio de Hacienda desde que la muerte de la anterior dueña del edificio, ocurrida en el 2006, convirtiera la finca en propiedad de titularidad pública.

Las "malditas" vistas desde el balcón

Tanto ellas como los otros cuatro inquilinos del bloque, todos pensionistas de más de 80 años de edad, se han sentido desde entonces víctimas de una feroz presión por parte del Estado para que abandonaran sus pisos, tras la que barruntaban intereses inmobiliarios especulativos. Se da la circunstancia de que el edificio, situado en el número 9 de la calle Bailén, frente al Palacio Real y los Jardines Sabatini, goza de una de las mejores vistas de Madrid.

Precisamente, a esta ubicación achacaba la hija de Inocencia la orden de desahucio que pendía sobre ellas. "Malditos balcones, ellos son los culpables de nuestra desgracia", declaraba a EL PERIÓDICO la semana pasada Beatriz, convencida de que no era su condición de inquilinas de renta antigua --solo pagan 50 euros mensuales de alquiler-- lo que las podía hacer perder su casa, sino el privilegio de disfrutar de algunos de los atardeceres más espectaculares de Madrid.

Aparte de desahuciarlas, el juez les ordenaba a pagar una multa por resistirse a la ejecución de las obras de mantenimiento, pero la sentencia de la Audiencia Provincial también ha anulado esta sanción.

En casa de Inocencia y Beatriz se respira hoy una sensación de alivio, pero las dos tienen una sensación agridulce. No han conseguido permanecer en su hogar mientras duren las obras y evitar así el traslado de una anciana con incipiente demencia senil, que es lo que pedían, pero al menos tienen garantizado su regreso. Han vencido en el contencioso que libraban con Hacienda, pero se sienten ninguneadas por el Estado. En días pasados escribieron diversas cartas solicitando la intermediación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y otras instituciones gubernamentales, pero a estas horas siguen sin recibir respuesta.